Consecuencias que tiene para la sociedad colombiana el desplazamiento  de los cultivos lícitos por actividades del narcotráfico 

Una de las características de la presencia del narcotráfico en Colombia y de modo particular de los cultivos ilícitos, es su creciente articulación funcional a la guerra interna que vive el país. De un lado el control territorial ejercido por las guerrillas, principalmente en las zonas de colonización en la Orinoquia-Amazonia, representa la obtención de ingresos como resultado de los impuestos para la guerra tanto a la producción de materia prima como al procesamiento y transporte de sustancias ilícitas.

Como complemento, el movimiento armado encontró en la coca otras ventajas además de ser fuente de financiación para la guerra a través de impuestos a las diferentes fases de la cadena ilegal: una relegitimación social y política como resultado de las acciones de fuerza contra los productores y por las fumigaciones mediante aspersión aérea, cuyos efectos sociopolíticos se ven agravados por la baja capacidad de gobernabilidad en zonas donde la presencia estatal ha sido inexistente.

Tales acciones son percibidas como agresiones externas que recaen sobre comunidades dispersas y con baja organización comunitaria.

La Amazonia-Orinoquia ha reciclado a un campesinado expulsado del interior del país desde mediados de siglo, a sectores urbanos desempleados, a perseguidos por la justicia, fenómeno revitalizado a mediados de los años ochenta por la aparición del cultivo de coca como el más apto agroecológicamente, el de mejores condiciones para su comercialización, el que permite mayor liquidez y sostenibilidad de precios en zonas cuyo entorno de economía ilegal ha generado una inflación acelerada que se expresa en el precio de los bienes de consumo y el transporte.

La debilidad de la sociedad en ciernes de estas zonas se acentúa también por la consolidación de un modelo económico ilegal que promueve a nivel ético-cultural un individualismo que se refleja en pautas de consumo inmediato, sin generar procesos que se afirmen en una responsabilidad social y el fortalecimiento de lo público. Tampoco resalta un sentido de la previsión y la percepción de FUTURO  produciendo a cambio equilibrios pragmáticos de poder que se sustentan en la fuerza de los actores armados.

En este contexto, la insurgencia actúa sobre representando a las comunidades mediante la regulación penalizada de las conductas referidas a las relaciones laborales, actuación administrativa local y de seguridad y en lo concerniente a comportamientos frente al medio ambiente.

De otro lado, el paramilitarismo en tanto respuesta contrainsurgente dirigida a golpear a la población civil de las zonas de influencia guerrillera, favorece una estructura de tenencia de grandes extensiones de tierras adquiridas generalmente con dineros del narcotráfico y actúa buscando lesionar las finanzas de las guerrillas, a la vez que pretende el control de la economía ilegal como parte de su estrategia militar frente al conflicto.

COMPETENCIA PROPOSITIVA DE CULTIVOS LICITOS

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General:

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. Programas de prevención del consumo y salud pública. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Consideramos que:

El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA

La Asamblea General de Gobernadores, apoyando la proposición presentada por el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, en sesión plenaria llevada a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en febrero de 2012, propuso destinar los recursos disponibles en la línea de sustitución de cultivos del Acuerdo Philip Morris, para actividades post-erradicación de cultivos ilícitos en 10 departamentos del país.

Esta réplica de la experiencia reconocida internacionalmente y aplicada con éxito en el departamento de Nariño, denominada “Si se Puede”, permite la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo que facilitan el tránsito de economías ilícitas a lícitas, de manera sostenibles e irreversible.

El parámetro utilizado para la distribución de los recursos fue el número de hectáreas cultivadas con coca en el país, según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos – SIMCI en su informe 2010.

De esta manera, los 10 departamentos beneficiarios de este proyecto son: Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Vichada.

En su primera fase ejecutada en la vigencia 2012 la Federación suscribió dos Convenios Interadministrativos de Cooperación por más de tres mil setecientos cincuenta millones de pesos, con los departamentos de Nariño y Cauca.

En la segunda fase ejecutada en lo corrido de la vigencia 2013, se ha suscrito un Convenio Interadministrativo con el departamento de Vichada por más de 600 millones de pesos.